El análisis de una base de datos revela el patrón de la represión en base a la progresión de los asesinatos entre junio y julio, cuando se registraron las jornadas más violentas de la rebelión de abril. Fueron los meses de la llamada ‘Operación Limpieza’. En ese periodo, los paramilitares y policías asesinaron a 152 de las 334 personas ejecutadas en todo 2018. Según las fechas, los Ortega-Murillo usaron el Diálogo Nacional como mampara para organizar a las fuerzas paraestatales, quienes ejercieron una brutalidad inusitada en Nicaragua. Los otros días más sangrientos se registraron en abril y mayo, durante la génesis de la masacre.
Por María Lilly Delgado, Wilfredo Miranda y Tifani Roberts
I. Secuelas de la ‘Operación Limpieza’: el insomnio de la impunidad
Los psicólogos le han insistido a Aura Lila López que desmantele el altar. Que descolgar los retratos, retirar los trofeos de fútbol, arrancar las flores y bajar el cristo crucificado —custodiado por San Miguel Arcángel y el San Jerónimo barbón y sin camisa— le pueden ayudar a superar la pérdida de su hijo, Junior Gaitán. A ponerle fin a esa peste de insomnio que sufre desde el dos de junio de 2018, cuando el adolescente fue asesinado de un disparo a quemarropa en el pecho por un policía del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Siento que si lo quito, es como olvidarme de él”, dice esta madre. “El altar lo quitaré hasta que el hombre que asesinó a mi niño sea enjuiciado”, insiste.
López se sostiene del retablo que copa el centro de su casa de latón y retazos de piedras canteras en el barrio San Carlos, en la ciudad de Masaya. Se sostiene porque cuando ella recuerda el crimen de su hijo se descompone… llora. Los psicólogos creen que al retirar el altar, las emociones que remecen a diario a esta mujer pueden amainar. No solo porque el altar de Junior es un homenaje a su memoria, sino porque es una especie de portal hacia el aciago, a los días más sangrientos que Nicaragua ha vivido desde de la postguerra: la ‘Operación Limpieza’, ordenada por la pareja presidencial Ortega-Murillo para desarticular la rebelión de abril de 2018. Una matanza que sigue impune. Una operación de corte militar ejecutada conjuntamente por policías, paramilitares y simpatizantes sandinistas con recursos del Estado. Una mortífera embestida que sigue golpeando a López con el látigo de la impunidad tres años después.
De la ‘Operación Limpieza’ hay relatos terroríficos, salvajes, inhumanos. La ejecución de Junior —tan solo quince años cuando se arrodilló frente al policía y le rogó que no lo matara— es uno de los centenares que engrosan el expediente de crímenes de lesa humanidad achacados al régimen Ortega-Murillo por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Una etapa represiva y calculada que despuntó a partir del 30 de mayo de 2018. La violencia se recrudeció durante el diálogo nacional que, irónicamente, buscaba pacificar las calles. Mientras Ortega y su comitiva rechazaban en el diálogo los asesinatos y arrestos que les eran señalados, contingentes de policías y paramilitares sembraron muerte con sus fusiles en las principales ciudades de Nicaragua, en ese entonces amuralladas por las barricadas y tranques levantados por los ciudadanos para protegerse de la violencia.
Paulo Abrao, ex secretario de la CIDH, lo cataloga de una manera directa y sus declaraciones sugieren la instrumentalización del diálogo como mampara gestar la ‘Operación Limpieza’.
“En ese momento el gobierno reveló toda su perversidad. El diálogo se reveló como una gran farsa. En la mesa de diálogo el gobierno estaba administrando las fuerzas políticas internas para que, en paralelo, sus fuerzas y equipos paraestatales, paramilitares, en coordinación con las fuerzas de seguridad, con la Policía Nacional, promoviera represión y más asesinatos”, advierte Abrao.
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Aunque se sabe que la ‘Operación Limpieza’ fue brutal, con episodios sórdidos como el de la familia quemada viva en el barrio Carlos Marx, en Managua, un análisis realizado por Huellas de la Impunidad permite reconocer a fondo el patrón de la represión en base a la progresión de los asesinatos entre los meses de junio y julio, día por día, cuando más activo estuvo el diálogo nacional, convocado por el régimen y mediado por la iglesia católica tras el estallido de abril.
A partir de la depuración de bases de datos de organismos de derechos humanos, investigación propia y reportes de medios de comunicación, este reportaje identifica los días más sangrientos de esta cruzada policial y paramilitar contra ciudadanos quienes, descontentos por las reformas a la seguridad social y la consiguiente represión, se alzaron contra el gobierno sandinista. Todo lo relacionado a esta rebelión popular se le apellida abril, en referencia a la fecha de su estallido. Si bien en los primeros meses del conflicto hubo violencia fatal (unos 65 asesinados en abril y 68 en mayo), lo que ocurrió a partir del 30 de mayo, fue una sangría diseñada con método y precisión para asesinar a ciudadanos —sobre todo jóvenes— por decenas en las principales ciudades del país. En los meses de junio y julio.
Diálogo teñido de sangre
En junio de 2018, en plena convocatoria a un diálogo nacional, se cometieron 110 de los 341 crímenes que, aproximadamente, ocurrieron en Nicaragua durante la represión que se prolongó hasta 2019
* No se incluyó un caso cuya fecha de fallecimiento no se pudo determinar.
En el mes de junio, cuando ejecutaron a Junior Gaitán en Masaya, se registraron 110 asesinatos que protestaban contra el gobierno. El mayor pico de muerte entre abril y septiembre, que corresponde al lapso más convulso de la rebelión ciudadana en 2018, cuyo saldo fatal total es de 334 asesinatos.
De acuerdo a la base de datos analizada, la mayoría de personas asesinadas en junio se concentraron en los departamentos de Managua (41), Masaya (19), León (10), Matagalpa (7), Carazo (7), Caribe Norte (7), entre otras localidades correspondientes a Jinotega, Chinandega, Chontales, Madriz… en síntesis, la base de datos arroja que la ‘Operación Limpieza’ sembró muerte en 12 de los 15 departamentos de Nicaragua, así como en sus dos regiones autónomas del Caribe. Mientras Ortega y Rosario Murillo y sus personeros hablaban de paz y se quejaban de un “intento de golpe de Estado” durante el mes que más actividad tuvo el diálogo nacional, los paramilitares con su armamento bélico cometieron ejecuciones extrajudiciales a diestra y siniestra.
«El diálogo se reveló como una gran farsa. En ese momento el gobierno reveló toda su perversidad: mientras estaba en la mesa de diálogo, administraba en paralelo sus fuerzas paramilitares».
Paulo Abrao
Ex secretario de la CIDH“Los obispos pedían en el diálogo nacional que cesaran las muertes, porque eran noticia diaria la cantidad de asesinatos… aunque estuviéramos en diálogo, la represión no cesaba”, recuerda Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua, y presidente de la “Comisión de Verificación y Seguridad”, instancia creada en el diálogo nacional.
El dos de junio, cuando Junior Gaitán suplicó de rodillas al policía que no lo matara, ocho personas fueron asesinadas en todo el país. Aura Lila López, la madre del adolescente, recuerda con claridad ese sábado. Masaya era en ese momento una de las ciudades más rebeldes. Las barricadas (levantadas por los masayas con una precisión arquitectónica que revelaban su pasado insurreccional y guerrillero contra la dictadura somocista) estaban en cada barrio y esquina de la ciudad, para protegerse de los escuadrones policiales que disparaban con precisión, a matar. Ese día las patrullas policiales ingresaron muy temprano. Rompieron las pilas de adoquines circundantes, pero en el centro de la ciudad encontraron la resistencia de los jóvenes. Una resistencia desigual: rebeldes respondiendo con piedras, morteros y palos a fusiles Ak-47, Dragunov, ametralladoras PKM, M-16, entre otra artillería pesada.
Junior Gaitán, alias ‘Pollito’ (un seudónimo carente de tinte belicoso sino más bien referido a su infancia, cuando el niño volvía a casa de sus padres con los polluelos que le regalaba su abuela), salió temprano a una barricada cercana. Aura Lila no quería dejarlo salir, pero el muchacho, como todo adolescente, era terco. Junior se alejó de la barricada en la que sus padres creían que estaba, a unas cuadras de su vivienda. Llegó al centro de la ciudad de Masaya, entre el Mercado de Artesanía y la Iglesia San Miguel. Esa era la zona cero del enfrentamiento. Policía y paramilitares empujando desde la estación policial y los jóvenes en los alrededores de la iglesia de San Miguel, cuyo párroco Edwin Román –vale decir– realizaba desde abril labores humanitarias para detener la hostilidad armada de las fuerzas gubernamentales en Masaya.
“Mi hijo le pidió le rogó a ese policía para que no lo matara. Se puso de rodillas y le dijo que no andaba armas, pero ese hombre no tuvo clemencia. Me lo ejecutó a sangre fría”, sostiene Aura Lila. La madre asegura que el nombre del criminal es “Jairo”, un tipo originario de la ciudad de Masatepe. Según las indagaciones propias de la familia de la víctima (porque en torno a la ejecución de Junior Gaitán no existe hasta ahora ninguna investigación oficial), “Jairo” no portaba uniforme policial cuando asesinó al adolescente, sino que “andaba vestido de civil”.
El detalle de la vestimenta del presunto autor del crimen es sustancial en la ‘Operación Limpieza’, sobre todo porque quienes sembraron muerte entre los meses de junio y julio fueron civiles encapuchados y armados con fusiles de guerra, en un intento de difuminar las responsabilidades de la masacre. Ya no eran policías, es decir agentes del Estado haciendo uso desproporcionado de la fuerza, sino tropas irregulares al margen de la Constitución Política, que establece como únicas instituciones armadas al Ejército de Nicaragua y la policía misma. Esto no es casual para la investigadora y experta en seguridad Elvira Cuadra. Ella contradice lo que el gobierno de Ortega quiso justificar sobre los paramilitares: “que era el pueblo defendiendo la revolución sandinista”.
“Todo esto fue una operación planificada de previo. Organizada y ejecutada de forma coordinada. No es que la policía iba por un lado y los paramilitares espontáneamente se lanzaron. No. Cada una de las personas, los individuos y de los aparatos que estaban participando, tenían asignada una tarea dentro de la misión”, explica Cuadra, exiliada precisamente por diseccionar esta operación violenta. “Cada persona tenía responsabilidades, tiempos marcados, jerarquías, estructura, comunicaciones y coordinación interna”.
Esa colusión, entre policía y paramilitares, es muy clara para Aura Lila. La madre de Junior asegura que “Jairo” fue “ascendido a capitán de la Policía” tras asesinar a su hijo en 2018. Y al día de hoy, casi tres años después de la muerte de Junior, la madre asegura que “Jairo” ronda con uniforme su vivienda en Masaya, para remarcar a esta familia que él tiene el poder en el cinto: la pistola. “No podemos vivir nuestro duelo como familiares, porque el asedio persiste. Quiero justicia, pero sabemos que no hay… Yo no duermo desde que mataron a mi hijo”, dice Aura Lila. Sufre el insomnio de la impunidad, generado por la violencia paramilitar que todavía la lastima.
II. El génesis de la masacre
Para entender el origen de la ‘Operación Limpieza’, hay que remontarse a abril de 2018, al génesis de la masacre. Para cuando todo reventó, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenía más de una década gobernando de forma ininterrumpida y sin contrapesos. Ortega forjó un régimen autoritario y de corte familiar que engulló al Frente Sandinista como partido y al Estado de Nicaragua. La pareja logró el poder total al igual o en mayor medida que los Somoza. Ortega tuvo dinero en cantidades exorbitantes gracias a la cooperación petrolera de Venezuela, forjó con los empresarios una alianza corporativista (que eufemísticamente bautizaron de “diálogo y consenso”), mientras dinamitó las instituciones y cometió repetidos fraudes electorales que abrieron camino a su perpetuación indefinida en el poder.
Pese a todos esos atropellos, la ciudadanía se mantuvo neutralizada por fuerzas de choques partidarias y por la apatía en general. Sin embargo, en 2018, una generación de jóvenes nacidos en democracia después de los noventa tronaron contra la administración Ortega-Murillo. Primero reclamaron por el mal manejo del incendio en la Reserva Indio Maíz, y seguidamente rechazaron la reforma a la seguridad social impuesta por el gobierno de forma unilateral. La primera reacción gubernamental fue sofocar esas protestas inéditas que colmaron las principales calles del país con violencia.
Los días más sangrientos de la represión
En poco más de un año- entre el 19 de abril de 2018 y el 17 julio de 2019- 341 personas murieron en jornadas de protesta nacional y enfrentamientos acaecidos en varias ciudades del país. Hubo días donde la violencia arrebató más vidas, tal y como muestra este gráfico donde cada punto representa a un fallecido en la barra del correspondiente día. Las barras muestran los nombres de las víctimas por día en cada mes. Además, las muertes se contextualizan en una línea de tiempo con hechos claves que incidieron en las sangrientas jornadas.
Haga clic sobre cada barra para conocer detalles de nombre, causa de muerte, lugar y edad de cada víctima. Filtre también por rangos de edad o busque un nombre específico
Fuente: Base de datos del CENIDH, CIDH e investigación propia
*No se muestran cuatro casos cuya fecha de fallecimiento no se determinó
El gobierno primero usó a los grupos de choque partidarios, elementos que ejercieron violencia no letal como en años anteriores. Pero como el número de ciudadanos protestando incrementó, cuando las imágenes de la represión a ancianos y jóvenes indignaron al país, la policía salió a las calles a tratar de contener el levantamiento. Pero tampoco fue posible. Con la pira de las protestas encendidas entre el 18 y el 20 de abril en las principales ciudades de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo dio la orden fatídica “vamos con todo”. A partir de ese momento se desató una espiral de muerte nunca antes vista desde la guerra en los ochenta.
Los policías comenzaron a disparar contra los manifestantes pacíficos en las calles. A disparar con sus armas de reglamento, escopetas y fusiles. Asesinatos como el del adolescente Álvaro Conrado el 20 de abril, o los de Franco Valdivia y Orlando Pérez en Estelí, no hicieron más que enfurecer a los nicaragüenses, quienes de plano se apropiaron de las calles y desataron una rebelión ciudadana sin precedentes. Los símbolos del gobierno –como los Árboles de la Vida– comenzaron a ser derribados. Como una marejada ciclónica, el grito de justicia y democracia arrolló a las fuerzas partidarias y policiales del gobierno. La única forma de contenerlo que encontró la pareja presidencial fue intensificar la violencia letal.
Voces y víctimas de los crímenes de lesa humanidad
Richard Pavón fue uno de los primeros asesinados en abril. Su padre, Carlos Pavón, recuerda como la vicepresidenta Rosario Murillo quiso manosear el asesinato del menor de edad. Murillo dijo que el joven era militante sandinista y fue asesinado por los “vándalos de la derecha”. “Mi hijo apenas acababa de dejar de ser niño cuando me lo mataron, entonces las palabras de ella nos sorprendieron mucho. Por eso siempre la hemos desmentido”, dice con indignación el padre.
Al mismo tiempo que la policía asesinaba, la vicepresidenta Murillo trató de apropiarse de los muertos para ajustar la realidad a su discurso de que su gobierno era la verdadera víctima. “Se están cometiendo crímenes contra las Familias, contra l@s Jóvenes, contra la Patria; en esta Patria que tanto trabajo nos costó unir, reconciliar, trascender esos rencores, esos resentimientos, propios de las guerras, de los conflictos (sic)”, dijo la vicepresidenta la noche del 19 de abril, el mismo día que Richard Pavón fue asesinado.
Las palabras de Murillo eran discordantes con lo que sucedía en las calles. Mientras ella repetía la palabra paz en sus alocuciones durante el mes de abril, la base de datos analizadas para este reportaje demuestra que sus agentes policiales cometieron 61 asesinatos. Mientras que el gobierno reclamó en abril cuatro muertos. Los días más sangrientos de abril fueron el 20, 21, y 22. El 22 de abril, Ortega derogó la reforma a la seguridad social, pero ya la protesta había adquirido otra dimensión de justicia por los asesinatos y un reclamo de democracia, de un cambio de régimen mediante elecciones anticipadas. Acorralado por el descontento ciudadano, el mandatario sandinista convocó ese mismo día a un diálogo nacional.
Dolor prolongado
En medio de los violentos enfrentamientos entre civiles y el Gobierno de Nicaragua que conllevaron a la muerte de 341 personas, hubo 19 que fallecieron días o meses después de ser heridas. Este gráfico evidencia esos casos y la cantidad de días que transcurrieron antes de perder la vida.
Fuente: Base de datos del CENIDH, CIDH e investigación propia
“Invito a su Eminencia, el Cardenal Leopoldo Brenes, para que pueda participar con una delegación de obispos, que él se ponga de acuerdo con la Conferencia Episcopal con quienes se acompaña, y que puedan estar acompañando el diálogo como lo han hecho en otros momentos los líderes de la iglesia, como garantes, como testigos, para estimular, darle seguimiento y darle fortaleza a lo que es un diálogo que lleve al restablecimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en nuestro país”, propuso el mandatario.
Pese a la intención para el diálogo expresada por Ortega, los asesinatos persistieron y el conflicto se agravó más, cuando los ciudadanos empezaron a levantar barricadas y tranques para protegerse de la violencia letal de la policía. Gracias a la presión nacional e internacional se logró que el gobierno aceptara la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a su vez, instaló el 30 de mayo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los asesinatos cometidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.
“Nuestra llegada a Nicaragua está ubicada como un proceso de presión social, donde las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento estudiantil exigió al gobierno la presencia de organismos internacionales para que pudieran revisar la situación de lo que estaba pasando en el país”, recordó Paulo Abrao, exsecretario de la CIDH y responsable de la instalación del GIEI. “La esperanza era que la CIDH construyera un ambiente más favorable para que toda la insatisfacción social que estaba representada en las calles pudiera tener el espacio para ejercerse de manera libre, y toda la respuesta estatal represiva a estas manifestaciones pudiera cesar… Todo eso dentro de un marco de un compromiso, y un pacto alrededor del respeto a los derechos humanos”. Algo que no sucedió. El gobierno de Ortega encontró en la represión desaforada el único medio para comunicarse con la sociedad.
El 16 de mayo se instaló el diálogo nacional. Ortega y Murillo asistieron y le dieron por primera vez la cara a los estudiantes que reclamaban por los asesinatos de sus compañeros. Más allá de la sesión televisada, recordada por la increpación del estudiante Lesther Alemán a Ortega y la lista de muertos leída con la voz rasgada por la universitaria Madelaine Caracas, se instalaron una serie de mesas en el diálogo para lograr un consenso y detener la violencia.
“Nosotros visitamos una de las sesiones de la mesa de diálogo que se había instalado, y era todavía una sesión en la que el gobierno estaba posicionándose, por lo menos retóricamente, a una disposición de escucha”, sostiene Paulo Abrao. “Se esperaba en ese momento que hubiera una postura sincera por parte de las autoridades de reconocer los errores, de cesar la represión, y construir un nuevo marco social de reconstrucción, de reconciliación nacional. Desafortunadamente, no fue lo que pasó en los días venideros”.
Los “días venideros” resultaron ser un compendio de la brutalidad. La evolución de la violencia policial a la calculada y mortífera ‘Operación Limpieza’. El cambio radical sucedió el 30 de mayo de 2018, día de las madres en Nicaragua. La ciudadanía convocó a una manifestación para rendir tributo a las madres que habían perdido a sus hijos a partir del 18 de abril. Fue la movilización más grande registrada en 2018. Casi un millón de nicaragüenses desbordaron Carretera Masaya, una de las principales vías de la capital Managua.
La marejada azul y blanco parecía no tener fin. Desde la rotonda Jean Paul Genie se alcanzaba a ver manifestantes hasta la rotonda Centroamérica; y desde la rotonda Centroamérica hasta la plaza Alexis Argüello. En la muchedumbre había todo tipo de personas de diferentes estratos sociales. Entre las consignas de justicia y democracia, muchos de los asistentes se sentían más o menos protegidos: “la dictadura no es capaz de atacar una concentración como esta”, comentaban. Pero se equivocaron.
En la marcha de las madres se vio por primera vez, de manera muy clara, el actuar coordinado y conjunto de la policía con grupos armados irregulares, es decir los paramilitares. La letalidad quedó patente con el número de ejecuciones registradas: 22 personas muertas a causa de disparos letales (entre ellas se identifican a cinco como simpatizantes sandinistas). Uno de los asesinados fue Francisco Xavier Reyes Zapata, un treintañero que se sumó a las protestas de abril pese a que su padre era policía activo.
Francisco recibió un disparo en la cabeza que evidencia desde un primer momento el uso de artillería pesada por parte de los grupos paramilitares. La herida en su cráneo era tan grotesca como para ser obviada: dinamitado y la masa encefálica derramándose encima de un socorrista improvisado, que lo trasladó en hombros en busca de ayuda, aunque el joven falleció casi de inmediato.
“Yo le dije a mi jefe en la estación: mire, yo sé de armas. Para mi fue un militar o alguien con experiencia quien mató a mi hijo”, dijo Armando Reyes Rojas, papá de Francisco, quien luego pidió la baja policial. No podía continuar sirviendo a la institución cómplice de la ejecución de su hijo. “Con mi experiencia de usar armas, sé que fue un francotirador… pero mi jefe lo negó, me dijo que fue una bala hechiza, pero una bala hechiza no causa ese daño”.
El 30 de mayo hubo ironías de mal gusto. La primera tiene que ver con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al mismo tiempo que la marcha de las madres fue masacrada, y los jóvenes caían en la zona de la Avenida Universitaria y el nuevo estadio de béisbol Denis Martínez con las cabezas, cuellos y tórax desguazados por las balas, la pareja presidencial celebraba una “cantata por el día de las madres” a unos pocos kilómetros en la Avenida Bolívar.
«Toda la ‘Operación Limpieza’ fue planificada de previo. Organizada y ejecutada de forma coordinada».
Elvira Cuadra
Investigadora y Experta en seguridad“El dolor viene recorriendo estos días, desde el 18 de abril hasta la fecha. Todavía hoy, allá del lado de la Trinidad, mataron a un muchacho porque quería venir a esta celebración”, dijo Ortega en referencia a un simpatizante sandinista que resultó muerto en un enfrentamiento en un tranque ciudadano ubicado en La Trinidad, municipio de Estelí. “¿Cuánto dolor habrá en el corazón de esa madre? Desgraciadamente estamos viviendo momentos de odio. El odio está sacando las uñas. El demonio está sacando las uñas”, insistió Ortega.
La segunda ironía es que ese mismo día, horas antes de la masacre en la marcha de las madres, el régimen aceptó la instalación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), quienes fueron los encargados de esclarecer los crímenes cometidos desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo. En su informe posterior, el GIEI resaltó que en la zona del estadio de béisbol y la Avenida Universitaria no hubo presencia policial durante el ataque, dejando a los paramilitares encapuchados cancha abierta para atacar a los manifestantes.
“Los registros audiovisuales, si bien tampoco permiten determinar cómo se iniciaron los incidentes, sí aportan información relevante para caracterizar algunos aspectos de estos primeros sucesos”, reconstruye el informe del GIEI. “Cuatro videos correspondientes a este momento que fueron examinados dan cuenta de que las personas allí presentes concordaban sobre la presencia de francotiradores apostados en el Estadio y en la Loma de Tiscapa, como hipótesis principal del ataque que sufrieron los manifestantes durante este tramo”.
“Sin duda los primeros indicios de actividad de los grupos paramilitares ocurrieron a finales de mayo del 2018”, remarca la experta en seguridad Elvira Cuadra. “La operación de la masacre del día de las madres es el detonante. Ahí hubo participación de los grupos paramilitares que ya estaban organizados en ese momento, listos para entrar en acción… nada más que les dieran la orden”.
Lo que sucedía en las calles iba aparejado con un proceso de diálogo que se daba de bruces. Que era incapaz de detener la violencia. Mientras los ciudadanos se atrincheraron más para protegerse, el gobierno destapó por completo su estrategia paramilitar a las puertas del mes de junio.
“Como las primeras sesiones del diálogo no hubo resultados positivos para el gobierno, y podemos recordar por ejemplo cuando el canciller Denis Moncada repetía insistentemente el desmontaje de los tranques, y decía: “los tranques, los tranques y los tranques”, cuando no lograron desmontar eso a través de la vía del diálogo, entonces lo hicieron a través de una operación militar”, asegura Cuadra.
III. Junio y julio, masacre tras masacre
Los meses de junio y julio de 2018 fueron una orgía de asesinatos. Desde la ejecución a sangre fría de Junior Gaitán el dos de junio en Masaya, la espiral de muerte se concentró en los departamentos de León, Jinotega, Managua, Matagalpa, Chontales, y Carazo, donde la ciudadanía mantenía una resistencia más fiera.
El 12 de junio, en los barrios orientales de Managua, se vio una de las imágenes que serían el sello de la ‘Operación Limpieza’: una enorme caravana de camionetas repletas de paramilitares armados con artillería bélica. Filas de camionetas bautizadas por la ciudadanía como “las caravanas de la muerte” o “escuadrones de la muerte”. Bautizos fieles. Caravanas que rompían los tranques ciudadanos junto a maquinaria pesada de las alcaldías para descargar los fusiles contra los ciudadanos, apuntando a cuanta cabeza, cuello o tórax se cruzara frente a la mirilla de los fusiles. Aunque en palabras del gobierno, era la “limpieza” de los “tranques de la muerte” a manos de “las caravanas de la paz”.
Primero fueron limpiadas las ciudades de Masaya (aunque resistió hasta el final el barrio indígena de Monimbó), Granada y León.
Durante esos días de ‘Operación Limpieza’, en los noticieros del país no cesaban los reportes de últimas horas. Tragedias tras tragedia. Por ejemplo, cuando el país no había terminado de asimilar los asesinato de la familia pavón, quemada viva por paramilitares según los bomberos que acudieron a rescatar a los supervivientes, las hordas armadas del gobierno asesinaron de un disparo en la cabeza al bebé Teyler Lorío el 23 de junio, cuando Nicaragua conmemora el día del padre. Todas estas funestas noticias llegaban a una mesa de diálogo en la que la parte gubernamental fingía demencia ante las evidencias de violaciones a los derechos humanos.
“Ortega no estaba actuando como un estadista”, asegura la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Internamente, en su esquema mental, Ortega se ubicaba en 2018 en una guerra; un escenario militar. La trinchera contra la que él se enfrentaba eran los tranques. Por eso da la orden de la ‘Operación Limpieza’. Ortega no pensó que iba echar a perder el diálogo con la violencia, sino que pensó como guerrillero. Vio a la gente como enemigo y no como un pueblo descontento”.
Bajo esa lógica que describe la veterana defensora de derechos humanos abrió julio, un mes clave en la hagiografía del sandinismo. En julio se conmemoran las principales gestas de la Revolución Sandinista, y para el gobierno fue una tremenda casualidad que la rebelión ciudadana se haya extendido hasta julio. Con esa retórica revolucionaria, impregnada de belicosidad, Ortega justificó la ‘Operación Limpieza’. Comparando el derrocamiento de Somoza en 1979 con la oportunidad de “derrotar” en 2018 a resabios “derechistas, golpistas, neo somocistas” que tenían trancado el país para “recuperar la paz”.
De acuerdo a la base de datos realizada por Huellas de la Impunidad, julio fue el segundo mes más violento. Se registraron 81 asesinatos. Los días más sangrientos fueron el 8 y el 17 de julio, cuando el régimen empeñó a sus paramilitares para desmantelar toda expresión de descontento en las ciudades, y poder proclamar en el acto del 39 aniversario de la revolución sandinista su triunfo sobre el “intento de golpe de Estado”.
El 8 de julio la metralla arrasó en Carazo, uno de los lugares donde los tranques ciudadanos le permitieron a los rebeldes controlar las ciudades de ese departamento. “Fue el día más largo de mi vida”, rememora Eva Campos, madre del joven José Manuel Campos, mejor conocido como Chema, asesinado ese día por los paramilitares en Jinotepe, cabecera departamental de Carazo. El ataque paramilitar tuvo una estrategia militar de rodear las principales ciudades alzadas y pasar sobre las barricadas a punta de plomo.
“Antes de que los paramilitares ingresaran, en Jinotepe cortaron el agua, la energía eléctrica y el internet”, denuncia Eva. Lo más sensible para ella fue el corte de la señal de las telecomunicaciones, porque fue una manera de evitar que se denunciara la incursión armada. Pero también fue la forma de sospechar que con Chema algo andaba mal.
“Prácticamente estábamos en una guerra civil, porque eran balas contra piedras y morteros. Los paramilitares nos arrinconaron en Jinotepe. Cuando la balacera pasó horas después, un mar de gente llegó a darme la noticia a la casa… que me lo habían matado”, narra la madre. “Al siguiente día encontré su cuerpo en Medicina Legal. Estaba totalmente desnudo. Le hicieron la autopsia y en el documento decía que murió de un impacto de bala en su pulmón derecho”.
Menos de diez días después, el 17 de julio, las “caravanas de la muerte” llegaron a Masaya a desmantelar el último bastión de la resistencia: Monimbó. La metralla paramilitar obligó a los jóvenes en resistencia a huir por veredas, por las escarpadas laderas de la laguna de esa ciudad, para no ser asesinados. Tres días más tarde, en la Plaza la Fe, en Managua, Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron con sus simpatizantes su obra de muerte y descalificaron al diálogo y sus mediadores, los obispos de la iglesia católica.
“Yo llegué a pensar que con los señores obispos podríamos encontrar (en el diálogo) acuerdos que nos dieran paz, que nos ayudaran a consolidar la paz. Y la verdad es que, cada día que se iba al diálogo y cuando se hablaba de los tranques, y que había que quitar los tranques que tenían aprisionado a nuestro pueblo por todos lados, a ellos no les gustaba”, dijo Ortega exultante el 19 de julio. “Y ahí mismo ellos se descalificaron como mediadores, se descalificaron como testigos, porque su mensaje claro fue ¡el Golpe!, ¡el Golpe!”.
Rosario Murillo aplaudía, sonreía en la plaza. Al final, el “vamos con todo” derivó en crímenes de lesa humanidad según organismos de derechos humanos, pero que, en cambio, la pareja presidencial lo interpretó como una medalla en su solapa.
“Hoy, 39 Aniversario del Triunfo de la Revolución, es una fecha muy especial porque, de Abril a Mayo, de Mayo a Junio, y de Junio al 19 de Julio, nos ha correspondido defender una vez más la Paz para todos los nicaragüenses”, sentenció Ortega.