De los 334 asesinados en el marco de las protestas de 2018, sólo se han judicializado 22 casos. 18 de ellos eran policías o simpatizantes del gobierno. En cambio, para los ciudadanos ejecutados por órdenes del régimen no hay causas abiertas. El doble rasero de la justicia quedó reflejado en la impunidad de más del 90% de los asesinatos ocurridos entre 2018 y 2019. Como parte del sistema penal de Nicaragua, la Fiscalía no investigó y achacó los crímenes a manifestantes. Los juicios fueron dictados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron a magistrados y jueces realizar toda una “pantomima” para inculpar a inocentes, según el exmagistrado Rafael Solís.
Por Maynor Salazar, Franklin Villavicencio y María Lilly Delgado
Tras enterarse de su condena a 210 años y tres meses de cárcel, el campesino Pedro Mena calculó que podría salir de prisión hasta en el 2026, cuando el régimen de Daniel Ortega no estuviera en el poder, producto de una derrota electoral, y el país se encontrara presidido por otro gobierno que reconociera su inocencia. Su abogado defensor, Julio Montenegro, asegura que fue acusado por varios delitos que no cometió. Su caso, además de estar marcado por irregularidades y versiones contradictorias, es una prueba de la justicia selectiva que usó la dictadura al momento de judicializar los 341 asesinatos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2018 y 2019.
El doble rasero de la justicia quedó reflejado en la impunidad de más del 90% de los asesinatos ocurridos entre 2018 y 2019. De los 341 ciudadanos que murieron en ese contexto, el gobierno investigó y llevó a juicio solo 22. Es decir, el régimen se interesó en conocer la “verdad”, a medias, de los suyos. Decimos a medias porque a quienes acusó y culpó por los asesinatos fue a líderes campesinos como Pedro Mena, a quienes nunca se les comprobó tal delito según expertos legales y las declaraciones del proceso que brindó su abogado defensor.
Lo anterior queda evidenciado en el informe de la comisión de investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI y especialista en derecho penal, asegura que en todos los casos judiciales analizados por ellos se perfilaba “una mala actuación de la Fiscalía”. Las detenciones a manifestantes se utilizaban para justificar aquellos casos que causaban mayor conmoción. Como por ejemplo, cita la experta, el asesinato del periodista Ángel Gahona el 21 de abril de 2018 en Bluefields.
“Tuvimos acceso por distintas fuentes a esos expedientes judiciales, examinamos folio por folio y en todos había un patrón de mala actuación de la Fiscalía. Eran casos que se estaban inculpando a personas que no eran responsables”, agrega.
Paz y Paz no cree que el Poder Judicial “esté en una posición de independencia para poder llevar investigaciones serias y basadas únicamente en evidencia”. Todo lo contrario: el sistema se encuentra “parcializado” hacia las directrices de los mandatarios, sintetiza el informe del GIEI publicado a finales de diciembre de 2018.
“Yo cité a varios jueces para priorizar algunos casos de jóvenes. Eran mil y pico de presos políticos. En todos los casos eran decisiones políticas y en ese caso al poder judicial no le queda más que cumplir la orientación política, fueron una gran cantidad de jueces de lo penal”.
Rafael Solís
Exmagistrado Corte Suprema de JusticiaLos únicos casos investigados y judicializados por la justicia orteguista fueron los del periodista Ángel Gahona, el estudiante de León, Cristhian Emilio Cadenas, y la universitaria brasileña Rayneia Lima. Presionados por el gobierno de Brasil, el régimen tuvo que acusar y condenar al supuesto paramilitar Pierson Solís. En los otros dos casos utilizó la receta que describimos antes: se culpó a personas que eran inocentes, según información constatada por el GIEI. “En varios casos vimos el mismo patrón, personas que estaban mal paradas en un mal momento fueron acusados”, detalla Paz y Paz.
Justicia Selectiva
En Nicaragua hubo, al menos, 341 muertos entre el 19 de abril de 2018 y julio de 2019. La mayoría de muertes (334) se registró en el contexto de las protestas sociales del 2018 debido a la violencia estatal. Y solamente se abrieron procesos investigativos para hacer justicia a 22 personas.
Procesos judiciales por asesinatos de policías
Procesos judiciales por asesinatos de conocidos militantes del FSLN
Procesos judiciales por asesinatos de presuntos paramilitares
Procesos judiciales por asesinatos de civiles
Asesinatos impunes
Fuente: Base de datos del CENIDH, CIDH e investigación propia
En el caso de Mena, el abogado Julio Montenegro, que fue su defensor durante el proceso realizado entre junio y diciembre de 2018, presentó todas las evidencias y testigos que probaron la inocencia de sus defendidos (en este caso se incluyó a Medardo Mairena y Silvio Pineda). La principal fue una que demostraba la ausencia de los campesinos en el lugar donde ocurrieron los crímenes. “Hay una situación imposible ahí, es como un cuento. El Ministerio Público nunca demostró la veracidad de su versión”, opina Montenegro al recordar el caso.
A Mena, Mairena y Pineda se les acusó de la muerte de los oficiales Marlon Requene, Lenín Olivas, Faustino Téllez Vargas y Luis Emilio Bustos López, ocurrido el 12 de julio de 2018 en una localidad de Río San Juan, al sur del país, llamada Morrito. La Policía Nacional y los pobladores ofrecen versiones diferentes de los hechos. La versión oficial asegura que “un grupo de terroristas que mantenían un tranque en el empalme atacaron con armas de fuego a los uniformados”. Tiempo después, personas de Morrito le informaron a Mena que sí hubo disparos, pero presuntamente todos venían de la alcaldía de ese municipio. En los medios se informó que ante las agresiones, un grupo de campesinos que portaban armas reglamentadas respondieron a los disparos. El abogado Montenegro cree que la precisión de los tiros tuvo que provenir “de una mano entrenada” y mediante “un arma especial”. El caso no se ha esclarecido, debido a la impunidad que mantiene el régimen.
Mena y el líder campesino Medardo Mairena se reunieron la tarde de ese día con otras personas que protestaban en Managua, y que incluso testificaron frente al juez. Luego de la reunión, los miembros del Movimiento Campesino fueron a un centro jesuita que les daba acogida en Managua. Un sacerdote reafirmó durante el juicio esta versión, y la defensa dejó claro que todos los testigos los vieron en la capital. El crimen ocurrió a más de 200 kilómetros de donde se les vio esa tarde.
La presentación de los acusados y líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena en los juzgados de Managua. Reporte de El 19 Digital, portal oficial del gobierno de Nicaragua, agosto 15, 2018.
Mairena y Mena fueron detenidos el 13 de julio de 2018 cuando iban a tomar un vuelo para asistir a un encuentro internacional en Estados Unidos. Ambos fueron trasladados por la Policía y posteriormente acusados de una larga lista de cargos, en las que incluía el asesinato de los oficiales de Morrito, y también terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, exposición de personas al peligro, secuestro simple, extorsión y daños graves.
La Fiscalía no logró mostrar la culpabilidad de los acusados, reitera Montenegro, defensor del caso. Según él, ninguna de las pruebas presentadas en contra constaba que los acusados estuvieran en el lugar señalado. Incluso así los detenidos fueron torturados y relegados a una celda conocida como “El Infiernillo”, ubicada en el Sistema Penitenciario Nacional. En el mismo caso también fue acusado Luis Icabalceta, sentenciado a 59 años de cárcel. Los señalamientos se extendieron a otros líderes campesinos, como Freddy Navas y Lener Fonseca.
“Ellos vienen a condenar solo a las personas que les conviene tenerlas presas. A los que les convienen ahí los dejan en libertad”, dice Mena, quien pasó recluido en una celda durante once meses. En junio de 2019 fue liberado bajo una Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, y cuyo fin, según organismos de derechos humanos, es la impunidad. Pero el calvario no terminó ahí. Desde entonces y hasta la fecha, el líder campesino es asediado por policías y paramilitares.
“Una vez pude decirle a un comisionado que ellos sabían de mi inocencia, que eso lo tenían claro. Solo me contestó que quienes asesinaron a los policías estaban en Costa Rica”, revela Mena.
Entre 2018 y 2019 la justicia orteguista fue eficaz al fabricar juicios que los defensores de derechos humanos tachan de absurdos. Varios tenían características similares, es decir, casos en los que a manifestantes se les achacó las muertes de supuestos paramilitares y policías.
Juicios dictados desde El Carmen
En medio de las torturas que recibía en prisión, Mena escuchó frases esclarecedoras y capaces de explicar cómo funciona la justicia en Nicaragua. Describe que un hombre “chele”, vestido de civil, le dijo que no eran los jueces quienes mandaban. “Si nosotros queremos ordenarles a los jueces que les pongan 30 años, eso les van a poner a ustedes, porque aquí no son los que mandan, aquí somos nosotros los que mandamos”, le espetó. No sabe cuál era el cargo del sujeto, si era policía o paramilitar, o un operador de alto nivel. Tampoco sabe qué hacía ahí, en medio de oficiales que le reconocían un rango.
El 20 de abril del presente año (2021), el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, reveló que los jueces cumplen con una “pantomima que se orquesta” desde El Carmen, la residencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde su exilio en Costa Rica, el exfuncionario aseguró que los mandatarios llaman a los magistrados con la orden de condenar a los protestantes. Los magistrados instruyen a su vez a los jueces.
“Me reuní con ellos (la pareja gobernante), cuando me decían ‘Payo tenés que ver estos casos, que salgan condenados’. Entonces, yo les decía que iba a llamar por teléfono al juez y citarlos en mi oficina”, relató el antiguo operador sandinista en una entrevista realizada por Nicaragua Actual y 100% Noticias, tras una actividad de exiliados en Costa Rica por el tercer aniversario de las protestas de 2018.
Solís renunció a la CSJ en enero de 2019. Hasta el día de su renuncia, había sido el magistrado más leal al régimen y miembro del círculo de confianza del dictador. Por esas razones, era una ficha que conocía desde sus entrañas la parcialidad de la justicia.
“Yo cité a varios jueces para priorizar algunos casos de jóvenes, eran mil y pico de presos políticos. En todos los casos eran decisiones políticas y en ese caso al poder judicial no le queda más que cumplir la orientación política, fueron una gran cantidad de jueces de lo penal”, mencionó Solís.
Organismos independientes como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) han informado sobre casos que cumplen todas las características mencionadas por Solís. En ellos siempre predominan tres factores: jueces que no aplican la ley, testigos con pruebas inventadas, y delitos inexistentes. El juicio de Mena es un ejemplo de ello.
“Es como apartar la Constitución Política, el Código Penal, y llevar procesos particulares donde la ley es lo menos que se aplica. Hay quebranto en toda la base del derecho”, explica Montenegro, ex-director del equipo jurídico de la CPDH.
De los 515 presos políticos a los que se les impusieron cargos judiciales hasta mayo de 2019, al menos a 276 se les acuso por terrorismo. Para amparar esto, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó en julio de 2018 la “Ley Antiterrorista contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La legislación establece que “cualquiera que mate o lesione a alguien no implicado directamente en una situación de conflicto armado, o que destruya o dañe propiedad pública o privada, puede ser sentenciado hasta a 20 años de prisión”. Pero el Ministerio Público ha ido más allá con el caso de los líderes campesinos y su sentencia que trascendía los 200 años.
Violaciones a los derechos humanos
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), publicó a finales de 2018 un informe demoledor. En él se constató los mecanismos represivos que utilizó el gobierno de Nicaragua para disuadir las manifestaciones de abril. Se trazaron perfiles de las víctimas, y también de sus perpetradores. En síntesis, se demostró que hubo “crímenes de lesa humanidad”.
En el período estudiado por los expertos, que es del 18 de abril al 30 de mayo, se identificaron 110 muertes violentas vinculadas con las protestas. Para ese tiempo, sólo 10 casos habían avanzado en la justicia. Y en todos se observó un patrón similar: la Fiscalía no estaba investigando, solo encarcelaba a personas que protestaban contra el gobierno en dependencia de la relevancia del caso.
La manera arbitraria en que se aplicaban las leyes fue evidente para los expertos extranjeros miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Para nosotros -y así se afirma en el informe- esta situación -la actuación del sistema de justicia- fue un engranaje más en las violaciones de derechos humanos. Porque el sistema de justicia no cumplió con su deber de investigar; sino por el contrario, tergiversó las investigaciones con fines perversos”, agrega Paz y Paz.
Basta citar otro ejemplo. La justicia orteguista no investigó el asesinato del militante sandinista Bismarck Martínez, pero acusó a Ronald Fernando Avilés por ser coautor del secuestro extorsivo y tortura, sin tener pruebas contudentes, explicó Montenegro.
Aunque Martínez fue uno de los casos que el régimen utilizó para exigir justicia por “sus muertos”, el proceso judicial fue bastante irregular. El juicio se pospuso hasta en dos ocasiones y sin dictar un fallo de culpabilidad. Según Montenegro, el expediente fue enviado a archivo fenecido, que es la oficina donde envían las causas judiciales que han concluido.
El hecho de que el expediente fuese enviado a archivo fenecido provocó sorpresa en Montenegro. “Por eso metimos un escrito en el que se solicita a la autoridad judicial que remita el expediente a su judicatura con el objetivo que se dicte sentencia de sobreseimiento”, relató el abogado, quien agregó que hasta la fecha el juez no ha tomado dicha decisión.
Bismarck Martínez era un trabajador de la alcaldía de Managua que desapareció en Jinotepe, Carazo el 29 de junio del 2018. Su osamenta fue encontrada once meses después y la CIDH tomó nota de esto.
Denuncian “fábrica de delitos comunes”
Otro de los casos que tiene dichos patrones es el de Carlos Bonilla López, acusado de asesinar al policía Hilton Manzanares el 20 de abril de 2018 y a otros cuatro agentes en el sector de la Universidad Politécnica (Upoli). Por estos crímenes, fue sentenciado a 90 años de cárcel.
Bonilla fue liberado en junio de 2019, junto a otros presos políticos en el marco de una “amnistía”. En septiembre de ese año se exilió a Costa Rica. Retornó al país en enero de 2020 por el cumpleaños de su hija y a los tres días fue capturado nuevamente. En esta nueva etapa lo acusan de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Para Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la CIDH, el hecho de que se haya llevado a juicio sólo tres casos civiles en tres años desde que iniciaron las protestas, demuestra la “selectividad de un gobierno que no administra para todos”. “Es un gobierno que administra para los suyos”, reitera.
Lo dicho lleva a la “impunidad”, una palabra que, a criterio de Abrāo, es en la actualidad un grave problema para el país. “Envía un mensaje para que estas estructuras represivas continúen con sus procesos de intimidación y hostigamiento social. Sin respeto al dolor, a la dignidad de las víctimas y sin atender el reclamo de las familias, se va a repetir con el tiempo esa cultura de la impunidad y de una justicia selectiva”, sostiene.
Mientras todo eso sucede en el país, los excarcelados no se sienten en libertad. La amnistía que se les “concedió” por crímenes que no cometieron no les garantiza la paz que proclama el gobierno. Todo lo contrario. A Pedro Mena lo espían, le impiden que se mueva incluso a su propia finca.
“No estoy en libertad. Si estuviera en libertad podría andar por todos lados. Ya no estoy preso sólo yo, sino que mi familia. Me han pedido que me reúna con la gente. Le temen a la organización del movimiento”, asegura.